DENUNCIAN ANOMALÍAS EN EL PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS EN ESCUELAS Y ACTIVIDADES ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION PORTEÑO
Mauricio Macri propone Patotas de “seguridad” para las escuelas
Era una entidad para mejorar el manejo de emergencias en la era post Cromañón. Pero echaron a los profesionales y los reemplazaron con patovicas de una empresa de seguridad privada, con conductas neonazis.
En la avenida San Juan 250, a escasos metros del casco histórico de San Telmo, funciona el Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares que depende del Ministerio de Educación porteño. El ingreso al edificio no da señales de que exista una dependencia estatal. Sólo invita a introducirse en un pasillo y subir por una escalera de incierto destino. Hubo allí un instituto de enseñanza técnica cuyas instalaciones estuvieron clausuradas, pero la precariedad del lugar no parece afectar a las autoridades. Tampoco a los patovicas de ideas racistas y actitudes intimidatorias que reemplazaron a un grupo de más de treinta jóvenes profesionales egresados de la UBA, cesanteados a comienzos de diciembre.
En el área donde se planifican los simulacros de emergencias para evacuar establecimientos educativos de la ciudad, pasan cosas inquietantes: los fornidos empleados pertenecen a Flashpoint Seguridad, una SRL que regentea el coordinador del Programa; la política de incorporaciones está basada en la discriminación de los aspirantes a un puesto laboral y los operativos de evacuación en colegios ya motivaron quejas de autoridades docentes por sus connotaciones violentas hacia maestros y alumnos. Una denuncia que alerta sobre estas situaciones ya está en poder de legisladores y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que respalda a los despedidos y difundió un comunicado muy crítico al que tituló “Otra UCEP en el gobierno de Macri”.
El miércoles 23, un centenar de personas se reunió en la puerta del Ministerio de Educación, 24 horas después de que renunciara Abel Posse, el ministro ultramontano. Entre ellas estaban las que pedían su reincorporación al Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares. Un asesor pedagógico les aseguró que el próximo martes serían recibidos por el director general de personal docente y no docente de la cartera educativa. Hasta ahora nunca habían logrado que los escuchara un funcionario de cierto rango. Los responsables del Programa son el coordinador Sebastián Amato; su superior, el director general de Planeamiento y Control de Gestión, Félix Miguel Imposti (un ingeniero que pasó por la automotriz Sevel), y por encima de ambos siempre estuvo Andrés Ibarra, el subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos del ministerio, un hombre que trabajó como gerente general en Boca Juniors bajo la presidencia de Mauricio Macri y en el Correo, cuando lo controlaba su padre Franco.
Las leyes 1346 y 1706 de 2005, promulgadas para evitar que se repitiera en establecimientos educativos lo que sucedió con las 194 víctimas de Cromañón el 30 de diciembre de 2004, le dan origen al Programa que se ocupa de la seguridad en las escuelas porteñas. O sea, en los 709 edificios relevados que tiene el ministerio y que deben organizar dos simulacros de evacuación por año. El perfil de los rescatistas hasta 2008 era de especialistas en seguridad e higiene y emergencias; también había egresados de Ciencias Sociales con experiencia en el tema y bomberos. Pero el ingreso sistemático de patovicas –los despedidos estiman su número en veinticinco– comenzó a generar problemas en las oficinas de San Juan 250 y en los ejercicios con docentes y alumnos.
“A causa de este proceso ciertas actitudes anteriormente solapadas comenzaron a profundizarse. Ejemplos claros fueron cruces esvásticas como fondos de pantalla de computadoras y teléfonos celulares, discriminación en entrevistas laborales a postulantes al trabajo, desestimando currículum ante rasgos físicos, religiosos, negando la igualdad de oportunidades y abusando de la necesidad de trabajar, haciendo concurrir a sucesivas entrevistas en las que no obviaron las preguntas acerca del origen del apellido de uno de los compañeros por sospechar su origen judío”, describe la nota que los trabajadores cesanteados les enviaron a los diputados porteños y a ATE bajo el encabezado “Nueva UCEP en el Ministerio de Educación de la Ciudad”.
En el mismo texto se señala que “el perfil buscado por la coordinación para llevar adelante las funciones del programa ya está teniendo problemas con la comunidad educativa”, porque los patovicas “no resultan idóneos para la tarea, habiéndose registrado en estos últimos tiempos actos de agresión hacia directivos, personal docente, no docente y alumnos”.
La Junta de delegados de ATE que encabeza Gustavo Rando ratificó en un comunicado la situación que relataron los cesanteados. Todos ellos pertenecían a la planta transitoria especial, con salarios cercanos a los 1800 pesos y que percibían –en un solo pago– con cinco o seis meses de retraso. “El Ministerio de Educación de la CABA viene reemplazando a los profesionales por un grupo de patovicas que no sólo se dedican desde hace varios meses a hostigar a los trabajadores con la amenaza de represalias ante posibles denuncias e, incluso, llegando en reiteradas oportunidades a hostigar a docentes y alumnos. Estos personajes nefastos participan como empleados y/o propietarios de una empresa de seguridad privada.”
ATE informó que “el hostigamiento incluye agresiones físicas, xenofóbicas y otras. Pero no contentos con esto y ante la resistencia de técnicos y profesionales a someterse al maltrato fascista, desde mediados de noviembre más de treinta trabajadores fueron privados de sus tareas, negándoseles el ingreso a su lugar de trabajo, en Av. San Juan 250”.
La compañía aludida por el gremio es Flashpoint Seguridad SRL, con domicilio en Perú 610, Capital Federal. Según una base de datos comercial a la que tiene acceso Página/12 inició sus actividades el 1º de marzo de este año y tiene dos socios: Sebastián Alberto Amato y Silvio Bernardo Rodríguez. El primero es el coordinador del Programa y pasó por Defensa Civil. A su vez, es dueño desde junio de 2004 de Organización Emergencias SRL, cuya actividad es la gestión empresarial en seguridad, higiene y control ambiental. El segundo también se desempeña en San Juan 250 como coordinador adjunto del área de Primera Respuesta, desde donde se proveen matafuegos a los institutos educativos, entre otros elementos.
Pablo Sette, el ex coordinador del área de Evacuación del Programa –que además cuenta con otras como Capacitación, Relevamiento y Diseño–, fue uno de los tantos damnificados de esta política con la que se reemplazó a trabajadores calificados por patovicas. Cuando lo despidieron antes que a sus compañeros, estos quedaron un tanto a la deriva. Amato, su socio Rodríguez y Diego Ramiro Barrios pasaron a controlar las instalaciones de San Juan 250 y los operativos en establecimientos educativos. A los trabajadores que no les eran funcionales a su estrategia de extender la influencia de Flashpoint los fueron desplazando, y el 3 de diciembre no pudieron ingresar más a las dependencias no identificables de San Telmo. Allí, además de una escuela técnica, funcionó hasta 2005 una unidad del gobierno que se ocupaba de que no faltara gas en las escuelas y un programa de las Naciones Unidas.
En ese edificio, desde donde se capacita en prevención de accidentes, atención de emergencias y mejoramiento de infraestructura, paradójicamente no existen buenas condiciones edilicias. Una empleada que se encuentra entre las despedidas llegó un día a su trabajo y se topó con un pedazo de mampostería sobre su escritorio y la computadora. Nadie tomó medidas para evitar nuevos desprendimientos del techo, pese a que ella lo denunció ante sus superiores, los mismos que ahora transformaron el lugar en un consorcio de patovicas.
“Es un grupo de tareas”
TRES TESTIGOS DENUNCIAN EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA: Terminaron expulsados de la unidad cuando los patovicas se hicieron fuertes. Dicen que se enorgullecían de ser neonazis y amenazaban a los empleados que no estaban de acuerdo. Participaron en una marcha de protesta.
Los tres son jóvenes y se formaron en la Universidad de Buenos Aires. Nicolás Mugico y Emilio Rescigno egresaron de la carrera de Ciencias Políticas y Lucas Osardo está próximo a recibirse en la de Sociología. La experiencia que vivieron en el Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares los unió para movilizarse por la recuperación de los puestos de trabajo y también para denunciar lo que pasa en el lugar. Están preocupados, pero a la vez no dudan en informar los atropellos de los patovicas que ahora dominan las instalaciones que dependen del Ministerio de Educación.
–¿Cuándo comenzaron los problemas en el Programa?
L. O.: –Nosotros trabajábamos con el coordinador del área, Pablo Sette. Hasta que hubo como una separación en el trabajo y se comenzó a notar mucho. Pasó que el grupo de los patovicas se armó más sólidamente, no era un grupito aislado, se aceitó bien. Cuando yo ingresé no había ninguno, en enero de 2006. Pero sí apareció alguno en septiembre de ese año. Una vez que entró Silvio Rodríguez, se iniciaron los contactos con los patovicas. Fue en 2008, cuando se abrió la planta de personal, el momento en que ingresaron ellos.
N. M.: –Comenzaron a verse una serie de actitudes que eran terribles. Como que venían los lunes y comentaban a quién le habían pegado el fin de semana en un boliche. Lo contaban y se reían.
–¿Y se daban cuenta de que ustedes los estaban escuchando?
N. M.: –Es que te lo contaban a vos. Hay una compañera que dijo hasta cómo pasaban videos.
E. R.: –Una vez describieron como una hazaña el modo en que tres o cinco de ellos le pegaron a una persona en un mercado que, deduzco, era boliviana y se había afanado una boludez.
N. M.: –Sí, sí, era boliviano, ellos mismos lo dijeron.
E. R.: –Encima se reían porque había un nenito que lloraba y pedía por favor que le dejaran de pegar. Y le seguían pegando.
N. M: –Hasta fines de 2008 nunca me había encontrado con personas que dijeran boludeces como las que solía decir esta gente: por ejemplo, que Alemania es la madre patria. Se avisaban entre ellos cuándo era el cumpleaños de Hitler. Lo tomaban como una festividad.
E. R.: –Comentaban que tenían contactos con nazis que habían hecho un acto en un cementerio, en el que fueron todos presos.
–¿Están seguros de que dijeron eso?
E. R.: –Sí, lo comentaron.
N. M.: –Este año, cuando comenzó a correrse la bola de que lo echaban a Pablo Sette, empezaron a desbocarse. Aunque todo venía desde que se instaló la empresa de seguridad y empezó a abrirse una comunidad de negocios entre ellos.
N. M.: –Fue el 2 de diciembre. Al día siguiente supuestamente tenía que armar una lista de gente para despedir como coordinador del área. Pero se negó.
–En el desarrollo de esta conflictiva relación laboral, ¿cuándo aparece Flashpoint, la empresa de Seguridad?
L. O.: –A partir de que se juntan muchos patovicas se acrecienta el discurso fascista. Lo que antes era un discurso aislado, se hizo más amplio. En mi caso, yo estaba medio aislado, es como que uno se acostumbra al perfil que se veía.
–¿Qué actividades compartían con las patovicas dentro del Programa?
N. M.: –Generalmente el personal que entraba era para trabajar en la contención del programa o hacer cortes de tránsito. Estas personas tenían contacto con docentes y alumnos todo el tiempo. Y lo siguen teniendo. Por eso, hasta donde sabemos, el sindicato UTE va a hacer un reclamo por el maltrato.
E. R.: –Uno de los símbolos de la Ciudad de Buenos Aires es un águila negra. Bueno, un par de estos personajes se sacaron una fotografía envueltos con esta bandera como si se tratara de la bandera nazi. Estaban felices por eso.
–Ustedes y ATE sostienen que hay denuncias de maltrato en determinados. ¿Qué hechos puntuales ocurrieron?
L. O.: –Hace poquito hablé con alguien que había estado en una marcha con delegados de UTE y comentó que en un simulacro habían sido maltratados docentes y alumnos por varios patovicas. Y tenemos entendido de que hubo quejas en el Jardín Maternal del ministerio y en un colegio de la calle Castro Barros.
–De todos los hechos que ustedes describen, ¿cuáles son los que podrían probar entre aquellos que sucedieron en el Programa de Mitigación de Riesgos?
N. M.: –Una vez vi una carpeta con un currículum que tenía escrita una frase en lápiz que decía: éste no porque pide mucha plata y es negro.
L. O.: –Hay también una mujer patovica que tuvo enfrentamientos, y una vez la amenazó a una compañera: “Tené cuidado con revolver la mierda, fijate que todo vuelve, fijate lo que hacés, en la gente que te quiere”. Esto fue denunciado ante Amato y él no hizo nada.
–¿Qué reflexión final tienen sobre estos episodios?
L. O.: –A mí me parece que esto guarda mucha relación con la política de Macri en la ciudad. Siempre manejó el Programa como si fuera su empresa. Por eso no me extraña que esto se diera así. Uno nunca sabía con esta gente si lo estaban escuchando y, si era así, cuáles serían los resultados.
N. M.: –Yo no tenía una mala relación personal con ninguno de ellos. Pero cuando pasó todo, les dije: ustedes se equivocaron, no pueden hacer esto y a partir de ahí tuve tres días de llama-dos constantes para que lo pensara.
E. R.: –La cuestión es que no puede ser que la seguridad de los colegios esté en manos de un grupo de tareas.
–¿Alguno de ustedes sufrió represalias?
L. O.: –Un día fui al trabajo y estaba con otro compañero, más todos los patovicas. Me puse a hacer algunas cosas y de repente empecé a escuchar el himno muy fuerte en la computadora. Entonces me dijeron que a partir de ese momento tenía que hacer la venia. Les dije si se divertían con eso y uno se paró como para pegarme.
Los orígenes del programa
Cuando se concibió, en 2005, el Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas Públicas y Actividades Escolares fue para que los docentes supieran qué hacer en caso de producirse accidentes en establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.
El síndrome Cromañón se hacía sentir con crudeza. Por entonces, la Defensoría del Pueblo de la ciudad daba a conocer un informe en el que se describía el estado “calamitoso” de, al menos, 37 institutos de enseñanza.
En febrero de 2008, a poco de asumir la Jefatura de Gobierno, Mauricio Macri difundió un informe donde se relevaba que, sobre los 709 edificios dependientes del Ministerio de Educación, 460 tenían algún tipo de problema, desde deterioros graves de estructura a la falta de suministro de gas. Otras fallas detectadas iban desde la ausencia de matafuegos, el desprendimiento de mampostería y la falta de señalización de las salidas de emergencia, a los ascensores no habilitados y la falta de seguridad en las escaleras.
El Programa que hoy depende del director general de Planeamiento y Control de Gestión, Félix Miguel Imposti, comenzó a funcionar cuando el área daba “capacitación y concientización a la comunidad educativa en la cultura de la prevención”. Esta consigna es difícil de aplicar si se toma en cuenta que perduran los problemas de infraestructura, imposibilitando en muchas ocasiones los simulacros de evacuación.
